Trabajando al susto

Respuesta del Frente Amplio a Rosa María Palacios

El nuevo gobierno encontrará en julio próximo una economía urbana paralizada desde 2014. Los motores externos, altos precios de materias primas y una masiva entrada de capitales, que han impulsado el crecimiento económico del Perú durante la última década y media de vacas gordas, están apagados. 

El plan económico del Frente Amplio, diseñado para enfrentar esta situación de crisis, tiene tres componentes: reactivar la economía para generar empleos con más inversión pública, crédito abundante y barato y un alza del salario mínimo, diversificar el aparato productivo para no depender de los precios de los minerales desarrollando otras actividades económicas como el turismo, la agricultura, la manufactura, las exportaciones no tradicionales, y atacar la pobreza redistribuyendo ingresos vía el presupuesto fiscal.

1. ¿De dónde sale la plata para aumentar la inversión pública en dos puntos (2%) del PBI? Rosa María Palacios no sabe que el Ministerio de Economía tiene depósitos ociosos en moneda extranjera en el banco central por valor de 7 puntos (7%) del PBI (véase la Nota Semanal del BCRP). Un punto (1%) del PBI anual equivale a 2 mil millones de dólares.

2. ¿Reducir la tasa de interés de referencia del BCR implica un cambio constitucional? No. El directorio del BCR dirigido por Julio Velarde redujo la tasa de interés durante el gobierno de Alan García desde 6.5% anual en enero del 2009 hasta 1.25% anual en agosto del mismo año, porque la economía del Perú urbano se hundía en una recesión, aunque la inflación de los últimos 12 meses estaba por encima de la meta de inflación (5.5% anual en febrero del 2009). 

La situación actual es similar y las causas son las mismas: la economía del Perú urbano se enfría hoy porque se caen los precios mundiales de los metales y salen los capitales del país. Y la inflación sube porque el tipo de cambio se eleva. Es curioso que una rebaja de la tasa de interés durante un posible gobierno de Verónika Mendoza viole la Constitución, pero que la rebaja de la tasa de interés durante el segundo gobierno de Alan García haya sido perfectamente constitucional, aunque las circunstancias macroeconómicas sean similares. 

3. La desdolarización del sistema bancario se refiere a la desdolarización del crédito en moneda extranjera que se extiende a las empresas y familias que tienen sus ingresos en soles. La razón es simple: cuando sube mucho el dólar, los deudores dejan de pagar y los bancos pueden quebrar. Así se generó la crisis bancaria de 1998-2000, al final de la dictadura fujimorista, donde quebraron o fueron rescatados por el gobierno, entre otros, el Banco Latino y el Banco Wiesse, que eran el quinto y el segundo banco por monto de depósitos.

Por este motivo, el BCRP afirma en su último Reporte de Inflación (2016, página 90) que “el crédito en moneda extranjera sigue reduciéndose (…) reflejando el proceso de desdolarización del crédito impulsado por las medidas adoptadas por el BCRP a fines de 2014…”. Como Rosa María Palacios no lee este Reporte, no sabe que la desdolarización del sistema bancario es un proceso en curso que no tiene nada que ver con los depósitos bancarios del público ni con el primer gobierno de Alan García.

4. El gobierno norteamericano subsidia o transfiere dinero a su agricultura. Y lo mismo ocurre en Europa. Estos subsidios son tan grandes que los precios que reciben los agricultores son, en algunos casos, cerca del doble de los precios que rigen en el mercado. Por eso, la economía norteamericana genera excedentes enormes de esos productos agrícolas que terminan en el mercado internacional empobreciendo a los agricultores de África y América Latina.

Las franjas de precios contrarrestan los enormes subsidios a los productos agrícolas que se otorgan en los países ricos y evitan que estos subsidios destruyan por entero la producción agrícola nacional, protegen a nuestros millones de agricultores de esta competencia desleal y protegen también a los consumidores cuando los precios de importación suben mucho. El Ministro de Economía quería eliminar la franja de precios pero no pudo hacerlo. El gobierno de Humala acaba de reponer la franja de precios

5. ¿Es imposible canalizar 10 mil millones de soles, no dólares como dice Rosa María Palacios, en crédito a las medianas y pequeñas empresas? No. Según el BCR, el crédito en moneda nacional al sector privado ha crecido en los últimos tres años desde 19% del PBI en 2012 hasta 29% del PBI en 2015 (Reporte de Inflación 2016, página 92). O sea, un incremento de diez puntos del PBI. Esto significa 20 mil millones de dólares o 70 mil millones de soles. Ese es el incremento del crédito en moneda nacional para el sector privado en 3 años. ¿Una séptima parte de este incremento, que depende de la política monetaria, como explica el Reporte de Inflación, y no de la política fiscal, como cree Rosa María Palacios, no se puede canalizar a las medianas y pequeñas empresas si el Estado peruano se lo propone? 

6. El Frente Amplio ha prometido revertir la rebaja del impuesto a la renta a las empresas y los cambios en los sistemas de cobro del IGV decretados por el ministro Segura a fines del 2014. La recaudación fiscal cayó en 2 puntos (2%) del PBI durante 2015. Esta rebaja impositiva no resucitó la inversión privada en 2015, como el ministro aseguro que ocurriría y, más bien, obligó a reducir la inversión pública de los gobiernos locales y regionales en un punto (1%) del PBI, para que el déficit fiscal no exceda los dos puntos (2%) del PBI. Dicho sea de paso, este experimento fracasado demuestra que la rebaja impositiva (renta e IGV) planteada por PPK terminaría en un notable incremento del déficit fiscal y/o en un draconiano recorte de la inversión pública.

El Fondo Monetario Internacional estima el costo de la rebaja impositiva de Segura en dos puntos (2%) del PBI y el BCRP estima su costo en casi un punto (1%) del PBI solo para 2015. El Frente Amplio calcula que la reversión de esta rebaja impositiva injustificada aumentara la recaudación tributaria en un punto (1%) del PBI a partir del 2017. 

7. Respecto al sistema de pensiones, el Frente Amplio plantea, primero, extender el programa Pension65. Segundo, plantea aprobar la ley que permite a los afiliados del sistema privado de pensiones disponer libremente del 95% de sus fondos acumulados cuando cumplan 65 años. Tercero, plantea que los afiliados al sistema privado de pensiones puedan colocar libremente sus fondos en las AFPs, en los bancos comerciales o en las cajas municipales, donde mejor les parezca. Esta mayor competencia reducirá las grandes comisiones que cobran las AFP. 

8. El salario mínimo de 750 soles permitía adquirir en junio de 2012 una cierta canasta de bienes y servicios. Para adquirir esa misma canasta en agosto del 2016, el salario mínimo debería ser 850 soles, porque los precios han subido. Si el producto por hora de trabajo, es decir, la productividad del trabajo, se incrementa un 9.5% durante este mismo periodo, el salario mínimo podría ser 925 soles en agosto del 2016, sin que el costo real de mano de obra se eleve para los empresarios.

Faltarían 75 soles para alcanzar los 1000 soles ofrecidos por el Frente Amplio. Compensan algo el atraso histórico de los salarios reales causado por la hiperinflación de García y la dictadura de Fujimori. El PBI per cápita de 2006 fue igual al de 1975, pero el salario mínimo real del 2006 solo fue un tercio del registrado en 1975. Y el de junio de 2012, fue un 42% del salario mínimo real de 1975. Cuando se reduce el salario real, la plata del trabajador pasa al bolsillo del empresario.

9. El gobierno peruano no puede decidir sobre el uso y el destino del  gas porque la empresa licenciataria es la dueña del hidrocarburo, previo pago de una regalía, según el Art. 10 de la Ley 26221 de 1993. Esta empresa puede exportar el gas, aunque eso vaya en contra de los planes energéticos del gobierno. Esto no sucede en otros países. Por ejemplo, el gobierno norteamericano prohibió la exportación de petróleo durante 35 años, medida que fue abolida por el Presidente Obama en diciembre pasado, porque EEUU elevó su producción de petróleo. 

El Gasoducto Sur Peruano en construcción no tiene aún garantizada la oferta de gas que debe transportar, pues, si bien hay reservas, no hay contrato firmado con el Lote 88 (Consorcio Camisea) y el Lote 58 (China National Petroleum Company). La renegociación que propone el Frente Amplio implica que el Gasoducto debe ser abastecido con el gas natural del Lote 88 y del Lote 58, respetando los precios pactados en los respectivos contratos. Casi todos los contratos-ley del Perú han sido renegociados varias veces (addendas), siempre a pedido de la empresa. 

El gobierno peruano debe ejercer su soberanía sobre nuestros recursos naturales para lograr el desarrollo energético del sur del Perú y de la industria petroquímica. Los ejemplos de la masificación del uso doméstico del gas natural en Bolivia, Colombia y Argentina demuestran la vigencia de esta premisa. Si los Estados no deciden sobre el destino de la molécula, lo harán los empresarios privados según su interés particular, que puede o no coincidir con el interés general.

Por último, el gas natural del Lote 56 dirigido a México fue reexportado por Repsol en el 2011 a terceros países a mayores precios, sin que esto fuera comunicado al gobierno peruano. El Consorcio Camisea tuvo que pagar al gobierno peruano US$ 62 millones por regalías no cobradas cuando el arbitraje del Tribunal del CIADI del Banco Mundial le dio la razón a Perupetro. La situación se ha repetido en el 2014 con la empresa Shell. Es por este motivo que este contrato debe ser renegociado, incluyendo cláusulas del laudo arbitral del CIADI, y el Estado debe participar en los contratos de exportación de gas para evitar estos actos ilegales.

10. Sobre los tratados de libre comercio (TLC), solo un botón de muestra. Respecto al Tratado Trans-Pacífico (TPP), hay tres razones para oponerse a este tratado: i) encarece medicinas importantes para la lucha contra el cáncer u otras enfermedades al darle mayor plazo de monopolio a las trasnacionales farmacéuticas; ii) otorga a las empresas multinacionales el derecho a enjuiciar abusivamente al Estado, como ha hecho Doe Run; iii) obstaculiza el uso de Internet para acceder a nuevos conocimientos y afecta nuestro derecho a la privacidad. El TPP está pendiente de ratificación por el Congreso. Por lo tanto, estamos en plena capacidad de rechazarlo como plantea el Frente Amplio.

11. El cambio constitucional es una aspiración de largo plazo del Frente Amplio. La ejecución del plan económico de Veronika Mendoza no tiene como prerrequisito este cambio constitucional. Ni la rebaja de la tasa de interés de referencia por parte del banco central para tener crédito abundante y barato, ni el incremento de la inversión pública, ni el alza del salario mínimo, ni la restauración del drawback de 5% a las exportaciones no tradicionales, ni la utilización de las salvaguardias o las medidas antidumping o la franja de precios para proteger la producción y el empleo nacionales, ni la promoción del uso masivo de medicamentos genéricos, ni el freno a las abusivas alzas de las tarifas eléctricas, ni extender los programas Pension65 o Juntos, por ejemplo, requieren cambio constitucional alguno.

El plan económico del Frente Amplio no tiene ninguna carta bajo la manga ni tampoco un cambio sorpresivo de programas, como sugiere sin prueba alguna Rosa María Palacios. Nosotros creemos en la transparencia como línea esencial de política. Tenemos las manos limpias. No ocultamos nada. Lo que se ha prometido es exactamente lo que se va a hacer.

12. El último Reporte de Inflación del BCR estima que la inversión minera caerá un 30% en 2016. ¿Obra de los anti mineros? ¿Exceso de trámites o regulación estatal? ¿Incertidumbre electoral? No. La causa principal de esta caída de la inversión privada, que se registra desde 2012-13 en todas las economías primario exportadoras, desde Sudamérica hasta Australia pasando por Canadá, es el desplome de los precios internacionales de las materias primas (metales, petróleo, gas natural, soya, etc). El último informe sobre las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, documenta que las 10 mayores empresas mineras del mundo, las que ejecutan los megaproyectos, han reducido notablemente sus inversiones debido al desplome de los precios de los metales; y también afirma que los precios de los metales podrían quedarse en el bajo nivel que tienen ahora durante los 5 años del próximo gobierno.

Equipo Económico del Frente Amplio